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elcomercio.com - Ecuador


02/12/2008 Un sismo de 4 grados se registró en Esmeraldas

Quito, EFE

Un sismo de 4 grados de magnitud en la escala abierta de Richter se registró hoy en la provincia de Esmeraldas sin que hasta el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.

El Instituto Geofísico informó que el sismo ocurrió hoy a las 05:31 hora local a 0,4 grados de latitud norte, a 80 grados de longitud oeste y a una profundidad de 10 kilómetros.

La entidad no tiene reportes de que el sismo haya sido sentido por la población.



02/12/2008 El arreglo de un parque de Ibarra, con retrasos

La fecha para culminar con la remodelación del parque La Merced, en el centro de Ibarra, es incierta. Cuando empezó esta obra, en marzo de este año, el alcalde Pablo Jurado aseguró que estaría lista en 120 días. Sin embargo, las fuertes lluvias de abril y de mayo dificultaron la labor y los días de retraso ya superan lo previsto.

Jurado dijo, hace dos semanas, que se multaría con USD 20 000 al contratista Neptalí Herrera, por incumplimiento del contrato. Pero este se defendió y denunció que el Cabildo se tardó en el pago de las planillas de gastos y eso lo demoró todo.

En consecuencia, la Contraloría lo eximió del pago de la multa y esta semana se fijó una nueva fecha para terminar con la restauración, que será el 15 de diciembre próximo.

De las cuatro calles que circundan el parque, solo dos están habilitadas para el tránsito vehicular. Los tramos de las calles Juan José Flores y García Moreno están cerradas. Eso ocasiona congestión en las horas pico (07:00, 12:00 y 18:00), pues los buses deben realizar giros extremos para doblar en la esquina de la Flores y Cifuentes.



02/12/2008 Los barcos pesqueros no zarparon


Redacción Manta

Cuatro naves guardacostas patrullan la rada del puerto de Manta y los 350 kilómetros del perfil costanero de la provincia de Manabí.

Otro grupo de embarcaciones de la Armada Nacional hace lo mismo en Guayas, El Oro y Esmeraldas. Es el trabajo de rutina, pero desde ayer los marinos tienen una nueva disposición: revisar la documentación de los barcos de pesca artesanal.

El valor del chip
El chip de USD 200
que ofrece la empresa Manabitel a los pescadores artesanales tiene acceso a dos satélites. Las autoridades de control proponen un dispositivo que cuesta USD 1 200.
Los pescadores artesanales de Manta han realizado dos marchas en el puerto manabita en rechazo a la instalación del dispositivo electrónico.
El costo mensual del monitoreo será de USD 9. El proyecto inicial propuesto por el Gobierno tiene un valor de entre USD 600 y 800 al mes, por el rastreo.
Las incidencias de la medida se podrían sentir hasta el fin de semana, por la disminución de abastecimiento de pescado en los mercados del país.

El fin es cumplir con la disposición de no dejar zarpar a las naves que no tengan instalado el chip satelital. El plazo se cumplió ayer.

De acuerdo con los datos de la Autoridad Portuaria, 374 embarcaciones que están registradas en el país, solo cinco ya cuentan con el dispositivo.

Patricio Mora, capitán del puerto de Manta, explicó que ese dispositivo ayudará a controlar el contrabando y la emigración. La exigencia forma parte del Plan de Soberanía Energética implementado por el Ministerio de Energía y Minas.

Las embarcaciones que no tienen el chip no pueden salir de los puertos. Hay dos filtros. El primero está en el sistema de cómputo, pues el propietario de la embarcación que no haya cumplido no puede acceder a las órdenes para la adquisición del combustible.

El otro filtro está en la Capitanía del puerto. Allí, no se extienden los permisos de zarpe. “Además, los controles en el mar empiezan desde la rada del puerto, en donde fondean a las naves”, aseguró Mora.

Los pescadores artesanales, de su parte, dicen que el chip es muy caro. “Nos quieren vigilar y para ello debemos pagar”, así no se deben manejar las cosas”, señaló Frank Alvia, dirigentes del sector pesquero de Manabí.

Él sugirió al Gobierno la instalación de un chip, cuyo costo es de USD 200. Unos USD 1 000 menos que el propuesto por el Estado. También dijo que la tarifa de mantenimiento y servicio satelital deberá asumirla el Gobierno.

“En definitiva, nosotros no contamos con recursos para que nos autovigilen”, insistió. Debido al control, las actividades de salida de los barcos pesqueros fue nula ayer en los puertos del Litoral.

Fabián Mendoza trabaja en un barco, que en esta época del año va en busca del dorado. “Salimos el 29 de noviembre y me regresé en la lancha, cuando estábamos a tres horas de Manta.

“El capitán de mi barco se arriesgó, pues tiene que pagar la deuda de un motor nuevo. Él no sabe que será juzgado por contravención, cuando regrese”.

Los patrullajes de las lanchas entre Crucita y San Mateo empezaron desde muy temprano. Hasta la tarde de ayer, no hay sancionados. En la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos de Manta (Dirnea) no se han emitido permisos, entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Los pangueros (lanchas pequeñas), que transportan pescadores desde el malecón de Manta hacia la zona donde están fondeados los barcos, reconocieron que la actividad disminuyó.

“Hay poco trabajo. Solo llegan los buques internacionales y los barcos atuneros industriales”, comentó Carlos Santos, propietario de una canoa.

De acuerdo con los datos que maneja el gremio de los pescadores, unas 25 000 familias serían las afectadas con la paralización de las faenas de pesca.

Según Alvia, por ahora, la única alternativa para solucionar el problema sería que el Gobierno autorice la inclusión de las naves que no tienen el dispositivo en la llamada lista blanca. Eso ayudará a que los propietarios obtengan el permiso respectivo y los cupos para el combustible.

Para Jorge Chiriboga, dirigente de los comerciantes de pescado de Manta, esta decisión será vital para lograr un acuerdo. “Una vez que estemos en la lista blanca, nos comprometeremos a instalar el dispositivo, en seis meses”.

Para la directora regional de hidrocarburos en Manabí, Rocío Miranda, el proyecto gubernamental no solo se enfoca al control del combustible. También apunta a frenar delitos como el narcotráfico, coyotaje y piratería marítima.

En ese sentido, el propósito es levantar información para facilitar el trabajo de las autoridades de control marítimo.



02/12/2008 Los choferes lojanos protestaron ayer

Redacción Loja

Una marcha convocada por los transportistas alteró ayer el servicio de transporte público en Loja. La medida empezó a las 15:00.

Fueron choferes de buses, taxis, camionetas y busetas de transporte escolar, ellos dejaron de laborar para asistir a la marcha, pero resolvieron no obstaculizar las vías de la ciudad.

Los manifestantes desfilaron hasta la Gobernación. Allí entregaron un pliego de peticiones al titular de la entidad, Nilo Córdova. Para Nixon Granda, del Frente de Defensa del Chofer Profesional de Loja, la demanda principal es una reforma a la Ley de Tránsito. “Queremos que el puntaje de la licencia suba a 70”.

También respaldan la propuesta de que para la reducción de puntos solo sean tomadas en cuenta infracciones muy graves y los delitos.

La marcha fue aprovechada para pedir al Municipio que busque una salida a la dilación del Sistema Integrado de Transportación Urbana (SITU).

Según los choferes, se debe integrar una comisión entre ediles y transportistas. El fin es hallar consensos sobre el funcionamiento del SITU, que está entrampado desde hace 18 meses.

Según Granda, el SITU está en un callejón sin salida, por las imposiciones de la Unidad Municipal de Tránsito de Loja y por la intransigencia de los transportistas urbanos.

Arnulfo Carrión, gerente de la cooperativa de transporte urbano Cuxibamba, dice que los 238 transportistas también buscan acuerdos con el Cabildo para reducir una tasa de USD 10 al día.

Este valor será pagado por cada propietario para el mantenimiento del SITU. Desde ayer estaba previsto emezar a recaudar esta contribución, pero hubo el rechazo de los choferes.

El jefe de la Unidad Municipal de Tránsito y Trasporte, Wilson Jaramillo, sostiene que para el funcionamiento del SITU faltan la tecnología para el control y recaudo y, además, la conformación de una caja común.



02/12/2008 Un incendio en el botadero

Redacción Quevedo

Las parroquias San Cristóbal, San Camilo y gran parte de la ciudad de Quevedo están afectadas por una nube de humo pestilente que sale desde el botadero de basura.

Un incendio en el sitio de los desechos ha generado una humareda, que es arrastrada por el viento hacia las áreas pobladas.

Ayer, el director de Higiene Municipal, Joaquín Morán, pidió a la Policía Judicial de Quevedo que investigue quiénes prendieron fuego en el basurero.

“Allí hay chamberos que reciclan la basura. Pero también hay personas que llegan a quemar cables para sacar el cobre y luego venderlo a los compradores de chatarra”, agregó.

Morán añadió que el Cuerpo de Bomberos apagó las llamas a tiempo. Sin embargo, la combustión no pudo ser controlada.

Miguel Macías, mayor del Cuerpo de Bomberos, explicó que la descomposición de los desechos genera gases. “Eso hace que el fuego se mantenga vivo por debajo de la basura”.

Los vecinos de San Cristóbal dijeron que la humareda está afectando las vías respiratorias. Martha Benavides, por ejemplo, tuvo que enviar a su hijo de cuatro años, que padece de asma, donde una hermana que vive en el cantón Mocache. “El humo lo estaba afectando demasiado”.

Adolfo Bustamante, morador del barrio San Camilo, manifestó que el problema se agrava cuando hace sol, porque sale más humo. “Para comer en casa, tenemos que cerrar las ventanas y las puertas”.

El basurero ocupa 7 ha de quebradas que han sido rellenadas con desechos que no reciben ningún tratamiento. Los habitantes de la ciudad piden que se clausure el botadero. El argumento es que está a menos de 2 km de la zona poblada.

El fin de semana, el Cabildo trasladó una maquinaria al basurero, para remover tierra y tapar los desechos que se siguen quemando. Hay sitios donde el tractor no puede acceder por la irregularidad del terreno.



02/12/2008 Ambato: un festival de fotos se difunde

Redacción Ambato

La Embajada de los Estados Unidos presentó ayer, en Ambato, las bases para participar en el IV Festival Estudiantil de Fotografía.

El acto se realizó en la Quinta La Liria, al norte de la ciudad. Participaron los representantes de los colegios Hispano América, Benjamín Araujo, Luis A. Martínez, entre otros.

Elisabeth Serrano, funcionara de la Embajada, explicó que el objetivo es que los jóvenes aprecien los paisajes y reflexionen sobre la necesidad de aplicar acciones inmediatas para conservar el ecosistema.

“Este festival se organiza desde el 2004. En ese año, participaron alumnos de seis colegios de Galápagos. Luego, se realizó en Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Zamora. Ahora escogimos a la Sierra centro, porque en esta zona también hay una biodiversidad interesante”.

De su lado, el agregado cultural de la Embajada, Kevin Skillin, explicó que el proyecto consiste en que los jóvenes reciban una cámara desechable. Luego, tomarán fotos sobre los paisajes más representativos de su ciudad o sobre problemas de contaminación ambiental.

Para ello, la Embajada junto con el Grupo EL COMERCIO organizó, luego de la presentación del proyecto, una conferencia que fue dictada por el reportero gráfico Carlos Campaña.

En su intervención, que duró cerca de una hora, explicó la importancia de los encuadres, la composición de la imagen y otros detalles que se requieren para lograr una buena foto.

“Es una buena iniciativa. Así podemos perfeccionar nuestra gusto por la fotografía”, dijo Susana Cerón, alumna del colegio Hispano América. En estos días, la Embajada promocionará el festival en Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo. El fin es encontrar más participantes.



02/12/2008 USD 3,5 para limpiar las aguas del río Pove

Redacción Santo Domingo

Corpecuador entregó el financiamiento para la recuperación ambiental del río Pove. Es uno de los afluentes más contaminados de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La compañía Sertecing será la encargada de la obra. Sus representantes recibieron USD 1,3 millones como adelanto. El costo total del contrato es de USD
3 525 243 millones.

La empresa tiene un plazo de 18 meses para culminar la recuperación de 8 km del afluente. Ya transcurrió un mes del plazo establecido en el contrato. En este tiempo, los técnicos de la compañía levantaron los estudios topográficos.

Óscar Espinosa, presidente de Sertecing, explica que se instalarán interceptores. Así se evitará que los desechos lleguen al río. Los residuos se enviarán a una planta de tratamiento y el agua limpia será devuelta al caudal.



02/12/2008 Cuenca aún tiene tareas pendientes en patrimonio


Redacción Cuenca

Cuenca celebró ayer sus nueve años como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La declaratoria se dio el 1 de diciembre de 1999 en Marrakech, Marruecos.

La mayoría de edificaciones de su Centro Histórico pertenece a la época republicana. En el expediente entregado a la Unesco se inventariaron 1 458 inmuebles, asentados en 400 hectáreas.

“Tras la declaratoria surgió el interés por conservar el patrimonio”, dice Fausto Cardoso, director del equipo que hizo el expediente para la Unesco.

Hay una importante lista de bienes recuperados, en especial con aportes del Gobierno, de la Municipalidad y del exterior. En la Catedral Vieja (que data de la Colonia) se ejecutó uno de los principales trabajos.

Son 2 800 metros cuadrados recuperados con apoyo del Gobierno español. “Hasta el 2005, cuando finalizó la obra, se invirtieron USD 1,3 millones”, cuenta el director del proyecto, Gustavo Lloret.

Para él, el título de Patrimonio fue importante, pero reconoce que varios dueños de inmuebles no se comprometieron a apoyar la recuperación. Incluso, prefieren demoler las casas.

Se destaca la colaboración del sector público. Hubo apoyo para restaurar la Alcaldía (ex Banco del Azuay), Corte de Justicia, Casas de los Arcos, Chaguarchimbana y las Posadas, Quinta Bolívar...

Según Pablo Abad, director de Áreas Históricas y Patrimoniales del Municipio, en los últimos años esta entidad invirtió USD 4 millones en conservación.

También intervino en calles tradicionales como Calle Larga y Rafael María Arízaga. “Allí se duplica la inversión”. Para otros espacios como el mercado 9 de Octubre y la plaza de San Francisco se destinaron otros USD 14 millones.

A esto se deben sumar, dice Abad, USD 3 millones más para El Barranco del río Tomebamba. Según él, el aporte del Fondo de Salvamento también sirvió, aunque no llegó en la cantidad requerida. En los últimos cuatro años bordeó los USD 5 millones.

Reconoce que falta mucho, por ello propuso a la Comisión de Centro Histórico del Concejo Cantonal un plan de manejo de esa área. “El objetivo es tener un centro vivo, que sea habitado”.

El lado negativo se dio en los predios particulares. Según Catalina Tello, del Instituto Nacional de Patrimonio, hay dueños que abandonan las casas para que el tiempo o la lluvia las destruyan y no ser sancionados. Este año, ningún propietario fue multado.

Otros dueños aprovechan que los bienes no están inventariados para demolerlos. Pablo Barzallo, director de Control Urbano Municipal, calcula que más de 500 inmuebles no están registrados.

Para el expediente presentado a la Unesco se usó como referencia el inventario elaborado en 1982, recuerda Cardoso. Hubo dos razones: poco tiempo para preparar el documento y se debía presentar la propuesta de acuerdo con documentos oficiales.

De hecho, la elaboración de un nuevo inventario se inició en 1999, “pero no está debidamente concluido”, dice Cardoso. Desde hace dos meses, el Instituto de Patrimonio levanta la información que estará lista en enero próximo.

Según Joaquín Moscoso, director del Instituto en el Austro, en este año se fortaleció el trabajo. Por la declaratoria de emergencia, se invierten USD 2 millones en cinco inmuebles azuayos. Tres de ellos del centro cuencano: la Catedral La Inmaculada (nueva), el Convento de Las Conceptas y el Colegio Benigno Malo.

Además, hay más técnicos para controlar el cuidado del patrimonio: 20 fijos. Antes eran siete.

02/12/2008 5 países tras un plan de prevención

Redacción Guayaquil

La construcción de una política regional para combatir los efectos del cambio climático en el Pacífico Sur no captó el interés de los entes gubernamentales del Ecuador.

El pasado viernes, durante una reunión de alto nivel sobre este tema que se realizó en Guayaquil, más de 50 expertos debatieron las estrategias para la reducción de desastres.

Édgar Cabrera, jefe de la división de Asuntos Oceánicos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), resaltó el papel de los gobiernos en la toma de decisiones. Destacó que el aporte económico es una de las necesidades para afianzar la observación del océano, a cargo de las entidades de monitoreo.

En cuanto a la gestión de los municipios, Cabrera resaltó la ejecución de planes de ordenamiento territorial, en especial en las zonas costeras afectadas por el incremento del nivel del mar.

Julio García, oficial regional de la Unidad para las Américas de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), explicó que los planes de adaptación y la evaluación de desastres son las bases para mitigar los efectos del cambio.

También anunció que eventos como el fenómeno El Niño, de 1988, podrían volverse más frecuentes, debido al alto grado de vulnerabilidad de las poblaciones del Pacífico sur.

Frente a esto, el fortalecimiento de los medios de vida es primordial. Patricio Bernal, secretario de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco (COI), apuesta por la seguridad alimentaria y el cuidado agrícola como las estrategias para los países latinoamericanos.

En marzo del 2009, Panamá será la base para la elaboración de una plataforma regional de reducción de desastres. Un plan similar se hará en Ginebra. Ahí se definirán estrategias globales.



02/12/2008 Los deslizamientos en el cerro Bashug preocupan a 35 familias
Redacción Riobamba

Seis de las 35 familias que habitan en la comuna San Antonio de Bashug, a 8 km Riobamba, decidieron abandonar el pueblo, ayer.

Desde hace tres meses, las paredes de sus casas construidas con bloque, hormigón y bahareque presentan fisuras por los deslizamientos en el cerro Bashug.

La gente pide ayuda
Los comuneros
piden que las autoridades adquieran un terreno para reubicar a las familias que viven en Bashug.
Otro de los pedidos es que el Comité de Operaciones de Emergencia reconstruya el canal de riego de la comunidad. En esta zona también se siembra maíz y hortalizas.
Los dirigentes esperan que los geólogos visiten el cerro.
Juana Hipo, de 50 años, dice que este problema persiste en los últimos tres meses. “Ya no quiero vivir aquí. Mi casa está cuarteada y en las noches la tierra tiembla”, cuenta preocupada, mientras recoge sus prendas.

La indígena vivirá en la parroquia Yaruquíes, a 2 km de la capital de Chimborazo. Allí, arrendó un cuarto en USD 40. “No puedo hacer nada, la casa que construimos con el esfuerzo de nuestro trabajo se cae...”.

Su madre Juana Janeta, de 75 años, explica que sus vecinos no quieren ingresar a sus viviendas, por temor de que el cerro se desplome totalmente.

Cerca de Janeta se encuentra María Hipo, de 43 años y madre de cuatro niños. Las paredes de su cocina están cuarteadas.

“Esperamos que las autoridades nos reubiquen en otros sitios. En el pueblo, muchas familias ya arrendaron cuartos en otras comunas. Pero nosotros no salimos porque no tenemos dinero”.

Ayer, 30 comuneros se reunieron en la Plaza Central, para recorrer los alrededores del cerro. Allí, la tierra es inestable. Pedro Valdez, de 63 años, tiene una vivienda de paredes de barro y techos de teja, en esa zona.

El hombre cuenta que el domingo pasado sintió que el suelo se movió y las paredes de su casa se resquebrajaron aún más. “Estoy atemorizado. Las paredes están a punto de caerse y no tengo dónde ir”, indica el sexagenario, mientras suplica ayuda.

El canal de riego del pueblo también fue destruido por los derrumbes. Las familias de San Antonio de Bashug utilizan el agua para irrigar los cultivos de papas.

Manuel Janeta, otro habitante de lugar, asegura que en la parte alta del cerro hay fisuras que tienen hasta 300 m de largo y más de 1 m de ancho.

“Con las últimas lluvias registradas en la zona, el problema se agrava”, asegura. Lorenzo Janeta, dirigente de la comunidad, solicita que el Comité de Operaciones de Emergencia de Chimborazo (COE) decrete el estado de emergencia. Al respecto aún no hay ningún pronunciamiento de los representantes del COE. La declaratoria ayudará a captar recursos.


02/12/2008 Los informales invaden las calles de Esmeraldas
Redacción Esmeraldas

Aunque la Comisaría Municipal prohibió el uso de los espacios públicos para las ventas ambulantes, varias calles de la ciudad de Esmeraldas ya están invadidas por informales.

Poco a poco, los comerciantes de adornos navideños, dulces y juguetes comenzaron a ubicarse en las calles Salinas, Olmedo y Malecón, principalmente.

Una de esas vendedoras es Mercedes Morillo, que aunque dispone de un local comercial en la calle Bolívar, decidió colocar en la acera sus árboles de Navidad y figuras para los belenes.

La comerciante reconoce que su mercadería obstaculiza el paso de los ciudadanos. Pero lo que más le preocupa es la presencia de los policías municipales. “Cuando les veo que vienen, me voy a otro sitio. Con esa estrategia evito las multas, que pueden llegar hasta a USD 200”, contó.

El comisario Tito Angulo recordó que existe una Ordenanza Municipal que impide la ocupación de calles, aceras, plazas y de todo espacio público que dificulte tanto el tránsito peatonal como el vehicular.

Según el Comisario, en el centro de la urbe laboran, aproximadamente, 50 vendedores ambulantes. La cifra se multiplica durante los feriados. En esas fechas se ofrecen productos de temporada como espuma de Carnaval, arreglos florales, bombillos...

El funcionario insistió en que habrá sanciones para los vendedores ambulantes que se ubiquen en los espacios públicos. Hace tres años, la Cámara de Comercio de Esmeraldas propuso la apertura de ferias de temporada en el Recinto Ferial.

Hasta el momento, no se ha tramitado ningún permiso para la realización de las ferias navideñas y de fin de año. Por su lado, la Cámara de Comercio confirmó que no está prevista por el momento una actividad en ese sentido.

02/12/2008 Confusión por el rol del Plan Ecuador
Redacción Tulcán

Las competencias que tiene el Plan Ecuador en la frontera norte no están claras en Carchi. En algunas entidades gubernamentales y en los organismos seccionales se espera la contraparte del Plan para finiquitar obras en la zona fronteriza.

Por ejemplo, el Gobierno Provincial hizo una petición para que se asignen recursos para la ampliación de la vía Rumichaca-Ibarra. En opinión del prefecto René Yandún, esa es una obra prioritaria para el desarrollo de la zona. La Dirección Provincial del Miduvi también pidió dinero para ampliar los planes de vivienda.

Al referirse al tema, Alberto Almeida, del Plan Ecuador, dijo que hay una confusión en cuanto a las funciones de la entidad. “No somos una caja chica de ningún Ministerio, ni de prefecturas ni de alcaldías. Nuestro trabajo se concentra, principalmente, en vigilar que los proyectos se focalicen hacia personas de escasos recursos”.

Añadió que los funcionarios del Plan Ecuador están dispuestos a solucionar algunos inconvenientes. Puso como ejemplo los problemas que tienen los habitantes de las parroquias El Chical y Maldonado, para acceder al Bono de la Vivienda o a los créditos que entrega periódicamente el Banco Nacional de Fomento (BNF).

El agricultor José Pozo es uno de los perjudicados por no conocer cómo se realiza el trámite para obtener un crédito en el BNF.

Él contó que solicitó un préstamo de USD 2 000 para sembrar papas. “Me desanimé, porque me pidieron escrituras de la casa, un garante que tenga dinero… Nadie me asesoró antes de hacer la solicitud y eso me hizo perder mucho tiempo y las ganas”.

En las zonas rurales, en cambio, los presidentes de las juntas parroquiales insisten en que no hay inversión para obras de infraestructura básica.

René Noguera, presidente de El Carmelo, pidió a los funcionarios del Plan Ecuador que revisen la distribución de recursos desde las entidades gubernamentales y seccionales. “La verdad es que la mayoría del presupuesto se invierte en el área urbana. Pensábamos que el Plan iba a solucionar la escasez de dinero”.

Para evitar que persista el desconocimiento sobre las responsabilidades del Plan Ecuador, Almeida se comprometió a gestionar la apertura de más oficinas, para proporcionar información a los interesados. Una de ellas funcionará en Imbabura. “Nuestro interés es hacer un monitoreo de los planes sociales que ejecuta el Gobierno”, dijo.